El vacío legal, mal atendido, que atenta contra la seguridad del futuro.

Por: Luis Manuel León.

El desarrollo de nuevas tecnologías se ha convertido en un reto para las leyes mexicanas. Su avance rebasa con frecuencia el ritmo del trabajo legislativo, lo que genera vacíos legales que alimentan la incertidumbre y debilitan la capacidad del Estado para garantizar derechos en el entorno digital.

Alguna vez se pensó que la irrupción tecnológica traería conflictos dignos de películas como Matrix o Yo, Robot. Pero la verdadera tensión está en la vida cotidiana: en cómo usamos, regulamos y comprendemos las herramientas digitales que ya forman parte de nuestras interacciones más personales y sociales.

Hay evidencia suficiente para señalar que el crimen organizado ha encontrado en las plataformas digitales un espacio para reclutar a menores de edad; que tecnologías como la inteligencia artificial pueden emplearse para vulnerar la intimidad sexual de las personas; o que se crean perfiles falsos en redes sociales para ejercer violencia y acoso contra niñas y niños.

Sin embargo, nuestras leyes siguen sin ofrecer respuestas claras ni adecuadas. Conceptos como “redes sociales” o “inteligencia artificial” ni siquiera están definidos en la legislación vigente a nivel general, lo que refleja el profundo rezago normativo frente a los desafíos del entorno digital. Y cuando existen iniciativas, muchas veces apuestan tan solo por el endurecimiento penal, sin acompañarse de estrategias preventivas, educativas, restaurativas o que incluyan un enfoque integral y fundamentado en otras experiencias internacionales sobre lo que se quiere sancionar.

Por ejemplo, aunque ha habido múltiples intentos de tipificar el reclutamiento forzado de menores, incluso, desde recomendaciones de organismos internacionales, esta problemática ha evolucionado y ahora ha migrado a espacios digitales no regulados, como redes sociales o sitios web. Recienteme, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha respondido con acciones como el cierre de cuentas vinculadas al crimen organizado para reclutamiento, pero sin construir capacidades institucionales y comunitarias para proteger a las infancias en el entorno digital.

Es una realidad que se tiene que establecer una normatividad clara para que las víctimas tengan una justicia clara y sin obstáculos propiciados por el vacío legal, así como para que las personas que cometan estos actos tengan un debido proceso y establecer límites en torno a lo que sí es sancionable y lo que no lo es, pero es un camino sencillo pensar que la única salida es crear más delitos o endurecer castigos, así como censurar las plataformas digitales o limitar los accesos.

Lo urgente es construir un marco legal integral que regule el uso de la inteligencia artificial, el blockchain y las plataformas digitales desde una lógica de derechos. Esto implica fortalecer la alfabetización digital, garantizar la protección de datos personales, promover la rendición de cuentas de las plataformas tecnológicas y fomentar el uso positivo de estas herramientas, por ejemplo, con incentivos para quienes desarrollen soluciones que impulsen la justicia social o la sostenibilidad.

De lo contrario, el vacío legal seguirá ampliándose y profundizando, mientras el Congreso mantiene congeladas las reformas necesarias y la discusión pública se enreda en alarmismos sin fundamento.

Un ejemplo irónico es el reciente “pánico moral” que han despertado contenidos virales como los del universo Italian Brainrot, personajes animados generados por IA que circulan en redes sociales. Algunas voces en medios de comunicación, desde una posición de superioridad moral, han advertido que niñas y niños podrían “pudrirse el cerebro” por consumir este tipo de contenido.

En lo personal, me resulta más preocupante que el Congreso mexicano aún no haya logrado regular la inteligencia artificial o que el Gobierno mexicano tampoco haya establecido estrategias claras para proteger a la población frente a los verdaderos riesgos digitales.

Resulta más escandaloso un elefante con cuerpo de cactus o un tiburón con tenis azules que aceptar que, detrás de las pantallas, hay redes criminales vulnerando a niñas, niños y adolescentes sin que existan respuestas institucionales eficaces, éticas y respetuosas de los derechos humanos.

Así de disonante está la conversación pública.

Sí hay diputadas y diputados que han impulsado propuestas importantes y válidas, ya sea desde la procuración de justicia con buenos estudios sobre cómo serían las sanciones o desde enfoques que promueven la educación digital. Sin embargo, mientras no cuenten con el respaldo institucional de las cámaras ni con una presión social y mediática sostenida, estas iniciativas difícilmente podrán avanzar.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una reforma en Quintana Roo que permite aumentar las penas a quienes cometan delitos utilizando inteligencia artificial. Aunque la intención es responder a nuevas formas de violencia, la decisión revela un enfoque limitado: castigar más sin garantizar previamente marcos normativos claros, educación digital o políticas públicas integrales.

México necesita avanzar, pero con una regulación basada en derechos, no en el castigo como reflejo automático ante el cambio tecnológico. Vaya, que eso sí acreditará una distopía sacada de un universo ficticio como Matrix, Yo Robot o Blade Runner.

Una vez que el avance tecnológico ya rebasó nuestra normatividad, nuestra opción no debe ser tratar de alcanzar y rebasar esta omisión por “la derecha”.